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La Cámara Federal anuló este miércoles los procesamientos y faltas de méritos en la causa por coimas del soterramiento del tren Sarmiento, en donde está siendo investigada la empresa Odebrecht. Los magistrados Martín Iruzun y Leopoldo Bruglia aseguraron que la resolución que había hasta el momento era “nula” porque carecía de fundamentos.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que ordenó al juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado.

A su vez, se declararon nulas las faltas de mérito que se habían dictado a empresarios imputados en la causa, entre ellos Angelo Calcaterra, Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian y Jorge Rodríguez.

En este expediente judicial también estaban bajo la lupa los exfuncionarios kirchneristas, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y José López. Todos habían sido procesados por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionarios.

La investigación “está orientada desde su inicio a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra “Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno” de la Línea Sarmiento”, detallaron los jueces de la Cámara Federal.

Los magistrados remarcaron que se procesó a los entonces funcionarios por haber tenido incidencia en esa adjudicación irregular pero “no así a los particulares beneficiados”. “El hecho que se tuvo por probado es el direccionamiento de la contratación pública de la obra Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento en favor de determinados empresarios”, remarcaron en la sentencia.

En la misma línea, los camaristas ordenaron al juez De Giorgi que “una vez que cuente con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias que obran en ésta, se expida motivadamente sobre los cargos que pesan sobre los indagados, evaluando cada situación o aporte individual, así como las diferentes hipótesis que se han formulado sobre los hechos (sobornos, fraude al Estado, negociaciones incompatibles, etc.)”.

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